El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso A, 97‑1, 22 de abril de 2022) ordena, con reglas parcialmente distintas a la redacción vigente de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, el régimen del recurso de casación civil. En esta nota me propongo dos cosas: por un lado, dar cuenta del sentido y alcance de la reforma y, por otro, exponer cuáles son -o pueden ser- los efectos que esta tenga sobre el régimen de los recursos de casación civil autonómicos
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