La prueba preconstituida como herramienta para evitar la revictimización
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Se plantea la posibilidad de utilizar la prueba preconstituida como herramienta para evitar
las consecuencias negativas de la revictimización. Se evidencia la necesidad de
comprender y dimensionar los estragos que el paso por el sistema de justicia puede
acarrear en determinadas víctimas especialmente vulnerables –por razones personales o
vinculadas al tipo de delito–. Luego, se explican los alcances de la prueba preconstituida
y los cuestionamientos tradicionales contra su utilización –principalmente por una
alegada afectación de los principios de inmediación y contradicción–. En el proceso penal
existe una tensión entre los derechos de las víctimas especialmente vulnerables y los del
imputado —concretamente, el derecho a un juicio “justo” y sus derivaciones— como la
necesidad de ponderar los principios constitucionales en juego. Con esa idea se analiza
cuándo podría utilizarse la prueba preconstituida, cómo debiera practicarse para respetar
de la mejor manera posible el equilibro con los derechos del imputado y hasta qué punto
su introducción en el juicio podría o no afectar los principios de contradicción e
inmediación (entendidos en una versión más flexible). La solución propuesta pretende
resguardar los derechos de las víctimas especialmente vulnerables (víctimas de abuso
sexual, trata, crimen organizado o violencia de género) sin avasallar los del imputado,
pero considerando el interés colectivo en descubrir la verdad de esos hechos y
sancionarlos.