La prueba preconstituida como herramienta para evitar la revictimización

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Se plantea la posibilidad de utilizar la prueba preconstituida como herramienta para evitar las consecuencias negativas de la revictimización. Se evidencia la necesidad de comprender y dimensionar los estragos que el paso por el sistema de justicia puede acarrear en determinadas víctimas especialmente vulnerables –por razones personales o vinculadas al tipo de delito–. Luego, se explican los alcances de la prueba preconstituida y los cuestionamientos tradicionales contra su utilización –principalmente por una alegada afectación de los principios de inmediación y contradicción–. En el proceso penal existe una tensión entre los derechos de las víctimas especialmente vulnerables y los del imputado —concretamente, el derecho a un juicio “justo” y sus derivaciones— como la necesidad de ponderar los principios constitucionales en juego. Con esa idea se analiza cuándo podría utilizarse la prueba preconstituida, cómo debiera practicarse para respetar de la mejor manera posible el equilibro con los derechos del imputado y hasta qué punto su introducción en el juicio podría o no afectar los principios de contradicción e inmediación (entendidos en una versión más flexible). La solución propuesta pretende resguardar los derechos de las víctimas especialmente vulnerables (víctimas de abuso sexual, trata, crimen organizado o violencia de género) sin avasallar los del imputado, pero considerando el interés colectivo en descubrir la verdad de esos hechos y sancionarlos. ​
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