Dificultades probatorias con el conocimiento experto en el marco del Principio de precaución en Colombia

Abstract

In this work I will focus on identifying the difficulties faced by judicial and administrative officers when using expert knowledge as evidence in precautionary measures ecisions. To do this, I will firstly outline how the precautionary principle is adopted in Colombia to subsequently elucidate some problems related to the questions of what must be proven and what the standard of proof required to onsider the hypothesis as proven is. After that, I will refer to the difficulties encountered when it comes to the use of expert knowledge in these processes. From what has been stated here, I will conclude that for the Colombian case it is complex to determine what must be proven when it is intended to order precautionary measures judicially. Also, the degree of probability required to consider the existence of a danger of serious and rreversible harm is not clear. Therefore, it is desirable to set legal standards of proof, as well as criteria that would allow more objective assessment of the provided evidence. Along these lines, I will suggest a vindication of the role of the expert so that he will be the one in charge of stating and interpreting what the provided data in the process say

En el presente trabajo me enfocaré en identificar las dificultades que enfrentan los operadores administrativos y judiciales al momento de usar el conocimiento experto como medio de prueba en la toma de decisiones sobre medidas precautorias. Para ello, primeramente, expondré en líneas generales cómo se adopta el principio de precaución en Colombia, para luego dilucidar algunos problemas relacionados con las preguntas: qué se debe probar y cuál es el nivel de suficiencia que se exige para dar por probada la hipótesis. Posteriormente, haré referencia a las dificultades que se tienen con el ingreso del conocimiento experto en estos procesos. De lo expuesto aquí, concluiré que para el caso Colombiano resulta complejo determinar qué se debe probar cuando se pretende ordenar judicialmente medidas precautorias. Tampoco queda claro con qué grado de probabilidad se puede considerar que existe un peligro de daño grave e irreversible. Por tanto, resulta deseable el establecimiento legislativo de estándares de prueba, así como criterios que permitan valorar de manera más objetiva los medios de prueba que son allegados en estas situaciones. En esta línea, sugeriré una reivindicación del papel del experto para que sea él, quien indique qué dicen los datos allegados al proceso y los interprete